«Defender a nuestras empleadas públicas significa algo muy simple, que el salario que cobren en una comunidad no dependa de la suerte presupuestaria o de la voluntad política del momento (aplausos), que las condiciones laborales deben ser justas y dignas para todas y que las mejoras salariales no se pueden convertir en una moneda de cambio, pues son un reconocimiento estable al valor de lo público, del servicio público. Además del salario, también voy a mencionar un reto enorme que tiene la función pública en este país y que tiene el señor ministro por delante para torear -hago un símil taurino, aunque sea antitaurina-: la estabilización y la reducción real de la temporalidad. Ninguna subida salarial va a compensar la incertidumbre que tienen cientos de miles de personas en este país que llevan años, incluso décadas, encadenando temporalidad. (Aplausos). Tampoco hay que olvidar otro reto que ya se ha dicho, el del relevo generacional. En los próximos cinco años una parte significativa de nuestras plantillas se jubilará. Si no actuamos ya, si no planificamos ya la reposición de efectivos, la formación, la digitalización y la atracción de talento público, estaremos poniendo en riesgo la continuidad misma del sistema y, por tanto, la calidad de los servicios públicos.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.