«Cuando en algunos sectores se cuestiona el gasto público en empleo o cuando se presentan las mejoras salariales como un coste o como un privilegio, lo que en realidad están poniendo en cuestión es el derecho a la sanidad pública, a la educación pública, a la atención social, a la seguridad, a la justicia, a las políticas de igualdad o a los cuidados. Desprestigiar a las empleadas públicas es el primer paso para debilitar nuestros servicios públicos. Frente a ese discurso, nuestra posición siempre va a ser firme. Invertir en empleo público no es un gasto, es una garantía de igualdad, cohesión y justicia social. (Aplausos). No hay transformación digital sin personal formado; no hay políticas de cuidados sin profesionales estables y pagadas dignamente; no hay transición ecológica sin equipos públicos que evalúen, planifiquen y regulen; no hay democracia sólida sin instituciones dotadas de recursos humanos suficientes. Por eso defendemos este real decreto ley hoy como un paso necesario e imprescindible en esa consolidación y defensa de los servicios públicos, porque para nosotras defender a las empleadas públicas es defender a la mayoría social, es defender a quienes garantizan que este país funcione incluso en los peores momentos; desgraciadamente, bien lo comprobamos en pandemia. También es enviar un mensaje claro a las nuevas generaciones: el servicio público es un espacio de dignidad, profesionalidad y derechos. Cada mejora laboral y salarial que conquistemos para las empleadas públicas no será solo una conquista para las trabajadoras y los trabajadores, sino para toda la ciudadanía, porque cuando fortalecemos al personal público, fortalecemos la democracia. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).»

Fragmento 4 de 4 de esta intervención.