«Respecto a la segunda parte del decreto, que son los sistemas electrónicos, ante la inminencia de la entrada en vigor de la obligación prevista para el 1 de enero de 2026 para los contribuyentes del impuesto sobre sociedades que no están acogidos al suministro inmediato de información, el Gobierno toma la decisión de prorrogar hasta 2027 el plazo para que los sistemas informáticos de facturación de las empresas y de los autónomos cumplan con los requisitos establecidos en el denominado reglamento VERI*FACTU. La verdad es que no se entiende por qué usan un real decreto ley para lo que podían haber modificado directamente en el Consejo de Ministros, y tampoco se entiende que esperen hasta el 2 de diciembre, cuando muchísimas pymes y muchos autónomos y autónomas ya han hecho la inversión para adaptarse a la nueva fórmula de facturación. Señorías del Partido Socialista y del Gobierno, a veces es más fácil hacer las cosas bien que hacerlas mal. En ese sentido, también tenemos que hacer una crítica a la tercera parte de este real decreto que han incluido, y no entendemos tampoco muy bien por qué, que es la transferencia a la Generalitat de la competencia sobre los habilitados nacionales. Y lo decimos porque esto se ha hecho sin negociar directamente con el colectivo de trabajadores y trabajadoras que van a ver modificadas sus condiciones laborales, que hoy se manifiestan ante el Congreso. Desde Podemos nos hemos comprometido -tengo que decirlo así- a incorporar en la tramitación como proyecto de ley la salvaguarda para que las condiciones laborales de este colectivo no se vean afectadas por esta decisión. Señores del Gobierno, desde nuestro punto de vista, primero hay que negociar con los trabajadores y las trabajadoras, y luego hay que regular, no al revés.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.