«Gracias, presidenta. Permitidme empezar esta intervención haciendo un poco un viaje al pasado, al año 2011, cuando España y Cataluña seguían golpeadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria, por un paro disparado y por unos recortes que empezaban a afectar a la vida cotidiana de la gente. Fue precisamente en aquel verano -en aquel pleno agosto-, por la puerta de atrás, cuando el bipartidismo, el Grupo Popular y también el Grupo Socialista, acordaron reformar el artículo 135 de la Constitución para situar el pago de la deuda como la prioridad principal del Estado, por delante de los derechos y las necesidades de la ciudadanía. Muchos recordamos bien todo aquello. En aquellos años se buscaba un culpable de aquella crisis económica y en realidad se puso en el centro de la diana a las Administraciones públicas, al eslabón más débil. Entre ellos estaban los ayuntamientos, a quienes se acusó de hacer cosas que no les tocaban, de gastar demasiado. ¿Y cuál fue la solución, en aquel caso, del Partido Popular y del Partido Socialista? Recortar servicios públicos, controlar y reducir el gasto de todas las Administraciones y convertir la austeridad en un dogma. Pero ¿quién era realmente el responsable de la crisis? ¿Los ayuntamientos que atendían las necesidades de sus vecinos y vecinas?, ¿o quienes inflaron la burbuja y se enriquecieron con ella? Porque de aquellos barros, estos lodos, señorías.»

Fragmento 1 de 7 de esta intervención.