«... fragmentan el cuerpo y ponen en riesgo la independencia del funcionariado. El Partido Popular, que recurrió al Constitucional las transferencias al País Vasco, no puede apoyar este real decreto. Este real decreto -concluyo- no puede ser convalidado porque mezcla materias inconexas con una finalidad política evidente, porque no cumple el requisito constitucional de urgencia, porque daña la seguridad jurídica de los autónomos, porque llega tarde y sin diálogo en el ámbito municipal y porque romper el modelo nacional de habilitados, pero quiero dejar constancia de nuestra posición.»