«Señorías, una cosa es que las Administraciones públicas atiendan a sus ciudadanos en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas en su propia comunidad, siempre que sea una comunidad bilingüe al cien por cien, y otra muy diferente es la imposición o intromisión que supone obligar a empresas de toda la geografía española a atender en cualquier parte de España en una lengua oficial en una comunidad autónoma diferente. Este es un planteamiento que nosotros rechazamos y, por eso, no pudimos votar a favor de la ley. Es una ley que, por cierto, contempla otra serie de cuestiones con las que nosotros estamos totalmente de acuerdo, como garantizar una atención y un servicio que en este momento no se está prestando. Hay ciudadanos que vienen comprobando cómo empresas o holding de empresas se aprovechan de ellos, y a partir de hoy la situación puede ir cambiando. Es llamativo exigir a las empresas privadas lo que la Administración pública es incapaz de ofrecer a los ciudadanos. Es llamativo comprobar que los ciudadanos tengan verdaderas dificultades cuando realizan gestiones en ayuntamientos, en comunidades autónomas o en la Administración central del Gobierno de España. Podríamos comprobar qué ocurre cuando se tienen que realizar gestiones en la Seguridad Social o con la situación que se está viviendo con las listas de espera en sanidad o en dependencia -hay personas que se están muriendo sin que lleguen las ayudas que les prometieron-. Por lo tanto, en esa línea, señorías, la Administración tiene mucho que decir.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.