«Pero es que, además, el conjunto de sus enmiendas no resuelve ninguno de los problemas esenciales de este proyecto de ley, que sigue imponiendo unas cargas desproporcionadas que van a comprometer muy seriamente la competitividad de miles de empresas españolas. ¿De verdad creen ustedes que muchas empresas, con los problemas que ya tienen para subsistir, con la presión normativa, con la presión fiscal a la que están sometidos, van a poder soportar las exigencias que les impone esta ley? Exigencias que en muchos casos ni siquiera -o con muchas dificultades- podrían cumplir una multinacional o un servicio de emergencias como el 112: algunas como lograr que el 95 % de las solicitudes de atención sean atendidas antes de tres minutos, que se dé una asistencia personal obligatoria o que sus empleados tengan que conocer lenguas cooficiales, con una formación continua y con accesibilidad, etcétera. Señorías, ustedes saben perfectamente que una empresa mediana española no puede cumplir esto; no puede. Y si acaban ustedes, como parece, aprobando esta ley, la empresa va a tener dos salidas. La primera, que será la más recurrente, repercutir de manera significativa todo lo que vamos a aprobar en el precio, con lo cual, al final, las cosas serán más caras para el consumidor. Y la segunda -espero que sean pocas-, cerrar. Son dos situaciones en las que los que salen perjudicados son precisamente -qué curioso- aquellos a los que esta ley afirma que quiere proteger: el consumidor y el mediano empresario español.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.