«Pero es que, además, pretenden ustedes que esta ley entre en vigor de forma inmediata, cuando ni las empresas que podrían están ahora mismo adaptadas y preparadas para sistemas nuevos, personal, protocolos o recursos económicos podrían ponerlo en práctica. Pero, de verdad, ¿en qué están ustedes pensando? Porque, antes de que aprueben esta ley, a mí me gustaría preguntarles: ¿han evaluado ustedes, de verdad -sobre todo ustedes, señores del Gobierno-, cuál va a ser el coste real para las empresas? ¿Han investigado cómo va a repercutir, como he dicho antes, en el precio final para los consumidores? Y, sobre todo, ¿han sopesado si la que debería de cumplir la primera, que es la Administración Pública, a la que se le debe de exigir lo mismo que a las empresas privadas, está en condiciones de cumplirlo? Porque ya se lo digo yo, y les contesto de antemano: no, no lo han pensado. Si esta Cámara quisiera realmente proteger a los consumidores, lo primero que deberíamos hacer es legislar mucho menos, y legislar con normas sencillas, claras y factibles de cumplir. Se lo he dicho muchísimas veces. ¿Saben cuántas leyes tenemos en España? Más de trescientas mil. Y ese es un drama para un país. Porque toda esa ansia de intervencionismo, esa ansia que tienen ustedes, lo único que consigue es crear incertidumbre y desconcierto constante en la ciudadanía, que ya no sabe a qué atenerse, y, sobre todo, afecta a las empresas, limitando su manera de innovar y de crecer, es decir, de generar riqueza.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.