«Además, la proposición de ley tiene una visión que ignora de forma descarada la realidad social de Cataluña, una visión que vulnera de forma descarada el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece competencias exclusivas en servicios sociales, política de atención a la dependencia y también en materia de promoción de la autonomía personal. Una invasión competencial que ustedes, el Gobierno, pretenden sumar ahora a la que ya se realizó con la ley actualmente en vigor, que se aprobó en 2006, sobre la que el Consejo de Garantías Estatutarias concluyó que era inconstitucional en un 70 % de su articulado, precisamente, por invasión competencial. A ustedes seguramente esto les puede parecer un tema menor. Y debe ser normal que lo piensen, porque el menosprecio continuado que muestra el Gobierno del Estado hacia el autogobierno de Cataluña ha sido siempre mayúsculo. Pero, además, en esta ley lo hacen con un falso mensaje que pretende insinuar, decir o materializar que Cataluña es incapaz de proteger por sí sola a sus ciudadanos y que necesita la acción del Gobierno del Estado para proteger, como está mandado, a los ciudadanos. Es un falso mensaje el de la ley, teniendo en cuenta que precisamente en Cataluña fuimos pioneros en la atención a las personas con discapacidad; un modelo, el catalán, que fue de éxito hasta que en 2006, con su acción recentralizadora con la aprobación de esa ley, se boicotearon los excelentes resultados obtenidos hasta ese momento, precisamente porque ya en esa ley se produjo lo que está ocurriendo a día de hoy: palabras, buenas voluntades, buenas intenciones, pero cero recursos necesarios para hacer posible la aplicación de la ley.»

Fragmento 8 de 11 de esta intervención.