«El proyecto de ley que nos ocupa parte de reconocer una situación compleja, evidentemente. Por un lado, arrastramos aún los efectos de los recortes de periodos anteriores que redujeron en más de 5400 millones de euros los fondos del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. El Gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario por reforzar el sistema de dependencia: ha incrementado las partidas destinadas a financiarlo un 150 %, hasta llegar a repartir más de 783 millones de euros entre los Gobiernos autonómicos en el año 2023, una cifra récord que se repitió con la prórroga presupuestaria del año 2024. Esta verdadera reconstrucción se afronta en un contexto de presión creciente también, yo creo que lo ha relatado bien el ministro. Solo en el último año se han registrado más de 133 000 nuevas solicitudes de valoración de grado. Estamos hablando de que la evolución demográfica nos permite prever un incremento de 400 000 personas en situación de dependencia en el próximo lustro, y que el envejecimiento de la sociedad hará que en el año 2030 haya 1,2 millones más de personas mayores de 65 que en el año 2023. La longevidad es un éxito democrático, pero también supone desafíos y la necesidad de adaptar nuestro estado del bienestar para democratizar y para reforzar los cuidados. Democratizar los cuidados para quien los recibe, para quien los presta por su empleo y para quien está atravesada -porque son mujeres generalmente- por cuidar a un familiar. Un gran desafío que supone articular y garantizar cuidados y apoyos para una proporción mayor de la ciudadanía del Estado. Esto no puede ni debe pasar por multiplicar plazas residenciales. Se trata de crear alternativas de vida digna y elegida en comunidad.»

Fragmento 3 de 7 de esta intervención.