«Algunos hitos de ese objetivo común reflejados en este proyecto de ley son trascendentales para la vida de estas personas. Se habilita, por ejemplo, una nueva prestación transitoria; se incluye el tiempo de espera como criterio de prioridad en el acceso a los servicios del SAD; el reconocimiento del entorno relacional de la prestación de los cuidados; el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho universal; la consolidación de los centros de día como centros clave de proximidad con un enfoque comunitario; la compatibilidad entre el empleo y las prestaciones -una de las claves para el acceso a la vida independiente-; también el reconocimiento de los derechos de las personas cuidadoras no profesionales; la inclusión de un nuevo artículo sobre la calidad del empleo como condición para unos cuidados dignos; el reconocimiento de derechos propios como formación y acompañamiento a las cuidadoras familiares principales; y, por no extenderme más, la creación de un fondo estatal que nos permita consagrar la accesibilidad universal como un derecho de la ciudadanía. Otra de las virtudes de este proyecto de ley es poner en el centro a las personas con necesidades de apoyos y cuidados, para quienes las listas de espera o los recursos rígidos, con servicios que no respetan su voluntad o sus derechos, no deberían darse con la frecuencia con la que se dan. Necesitamos flexibilizar nuestro sistema para ofrecer alternativas de vida digna respetando el espíritu de la convención de los derechos de las personas con discapacidad. Pero también ponemos en el centro a la persona cuidadora. Cuando se habilitan nuevos servicios de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal, como las grúas o las camas articuladas, estamos hablando de mejorar la vida de las personas usuarias, pero también de mejorar la seguridad y la autonomía de las personas que cuidan, las personas cuidadoras, cientos de miles de mujeres, principalmente, que sostienen un sistema lastrado por prejuicios y estereotipos machistas. (aplausos), con una labor insuficientemente reconocida y una retribución a todas luces injusta. Si hablamos del sector de los cuidados, vemos que más del 85 % de las trabajadoras son mujeres, la mitad tiene más de 45 años y una de cada cuatro es migrante; sus salarios son de media un 35 % inferiores al promedio, lo que supone unos 10 000 euros menos con respecto al resto de los empleos. Es difícil solucionar de golpe la situación de todas las personas cuidadoras, pero sí podemos afirmar que esta reforma de la ley va a la raíz del problema. Los cambios que se proponen son revisar nuestra cosmovisión y dignificar el trabajo de los cuidados como se merece. Estamos hablando de gerocultoras, personal de enfermería, de psicólogas y otros tantos perfiles laborales a los que debemos tanto y que a menudo reciben tampoco. Yo quiero celebrar que este proyecto de ley ha puesto el foco en mejorar su situación laboral y confío en que ofrecerá el marco que nos permita avanzar hacia un empleo digno, estable y socialmente reconocido para las personas cuidadoras.»

Fragmento 4 de 7 de esta intervención.