«Yo también comparto una cosa con ustedes: es cierto, no hay contradicción entre defender las competencias propias -es absolutamente legítimo- y defender las mejoras que esta norma ofrece a la sociedad en su conjunto, y espero que compartan algo ustedes conmigo, que solicitar la devolución de este texto no resuelve ninguno de los problemas que se puedan plantear hoy aquí. ¿Cabe mejorar la integración de este proyecto de ley en el marco de las competencias autonómicas? Sin duda, y todavía resta una tramitación parlamentaria que nos puede permitir hacerlo. ¿Podemos mejorar el texto en sí con propuestas y medidas? Cuento con ello, y llegaremos hasta donde se pueda. Podemos devolver un proyecto de ley, pero devolver un proyecto de ley que aborda de frente una situación compleja, con medidas reales participadas, no solo nos impide alcanzar soluciones, es que parece poner los cálculos estratégicos por delante de los compromisos sociales. Aún más cuando ustedes han sido promotores y han trabajado muchísimo en una ley como es la ley ELA, cuya arquitectura competencial y jurídica es la misma que tiene esta ley, y no solo eso, sino que hay cuestiones que no entraron dentro de la ley ELA que sí entran dentro de esta reforma de la ley de discapacidad e independencia. Yo creo que en este contexto no caben cálculos, ni siquiera bloques, porque lo que estamos intentando construir aquí es un consenso en torno a la expansión permanente de nuestro sistema de cuidados de larga duración, una expansión permanente que no dependa del color de los Gobiernos ni de los equilibrios parlamentarios. Ese debería ser nuestro legado con este proyecto de ley, así como la certidumbre de que el incremento de la financiación debe ser sostenido, estructural e irreversible.»

Fragmento 6 de 7 de esta intervención.