«No ha ayudado tampoco poner en riesgo todo lo que estábamos trabajando y las ilusiones del sector. Llegó un buen día, el 26 de noviembre, en el que nos dijeron: no, enmienda a la totalidad. No habían acabado de comparecer las personas representativas del tercer sector hablando de discapacidad, muy poco de dependencia, y no nos han dado tiempo, nos han cortado y han puesto en peligro -ustedes saben hasta qué punto-, en grave riesgo, la continuidad de esta norma simplemente por cerrar. Claro, tienen prisa por sacar algún producto legislativo (aplausos), pero cuando quieren llevar a la gente a Jerusalén, tienen que ir dirección a Jerusalén. Si ustedes hacen una norma técnicamente deficitaria, mezclando además discapacidad y dependencia, se están haciendo trampas en el solitario ustedes mismos, y están haciendo que el sector tenga una serie de motivaciones que en realidad luego no se plasman si no hay un presupuesto general del Estado. Pero, miren, han hecho una cosa muy buena al explotar la conexión de la discapacidad con la dependencia, que existe, que es real y que tiene base filosófica, y es que han puesto de manifiesto en la sociedad española que esta norma ya no es una norma solo del tercer sector, que afecta plenamente al tercer sector, que es una norma de todos porque, con las cifras que ha dado el portavoz del Grupo Socialista, España es un país donde todos somos dependientes o potencialmente dependientes. Esto requiere de una política de Estado. Esto requiere planificar desde ámbitos económicos, asistenciales, sanitarios y de inmigración. Necesitamos inmigración legal, ordenada, pero necesitamos inmigración. Requiere un gran pacto de Estado, pero en una legislatura moribunda quizás serían los ciudadanos y las ciudadanas en unas elecciones generales los que tendrían que evaluar qué programa de país tienen estos señores. Aquí se sustituye la iniciativa de nuestras organizaciones del sector, de las que estamos plenamente orgullosos, con lo que necesita toda la sociedad española, que es tener esa visión a largo plazo -a diez, a quince años- de cómo se va a sostener ese sistema. Ese sistema es el de la inclusión, el de hacer una sociedad muy pujante, que tenga capacidad económica para pagar todo este coste de los derechos, que no se condicionen los derechos porque la economía marche bien y que se piense en una inclusión total. Esto es lo que tiene que decidir la sociedad española, y no lo puede hacer en una legislatura moribunda, lo tiene que hacer a través de unas urnas y a través de unos presupuestos generales del Estado.»

Fragmento 4 de 4 de esta intervención.