«En el ámbito del transporte público de media y larga distancia, desde 2022, se ha llevado a cabo una importante política de ayudas, con más de 1700 millones de euros destinados a ayudas ferroviarias y 260 millones de euros a los servicios de autobús, competencia del Estado, que han permitido recuperar los niveles de movilidad del año 2019 y superarlos. Por tanto, este real decreto ley da continuidad a estas medidas y refuerza y amplía una política pública que ha demostrado su eficacia. Este decreto ley contiene medidas que podemos clasificar en tres grandes bloques: el primero, ayudas al transporte público; el segundo, la puesta en marcha del abono único; y el tercero, medidas complementarias en Renfe y en servicios estatales de autobús. Las analizaré y expondré por orden y por bloques. El primero, la prórroga de las ayudas al transporte público, es la primera gran medida de este decreto ley, se prorrogan durante todo el año 2026 las bonificaciones al transporte público vigentes en el segundo semestre del año 2025. Esta decisión aporta certeza, estabilidad y previsibilidad tanto a los usuarios como a las Administraciones públicas y a operadores de transporte. En el ámbito de los servicios de competencia estatal, se mantienen las ayudas a los servicios de autobús interregionales y a los servicios ferroviarios de cercanías y de media distancia. Asimismo, en los transportes de competencia autonómica y local, el real decreto ley prorroga la gratuidad infantil, los descuentos específicos del 50 % para jóvenes y una bonificación general del 20 % para el resto de los usuarios. Y, además, este real decreto aporta una novedad bien fundamental y bien relevante, pues el Ministerio de Transportes asume directamente la financiación de estas medidas y de esta bonificación general del 20 %, sin exigir cofinanciación adicional a las comunidades autónomas ni a las entidades locales. Es decir, se toma esta medida para que los Gobiernos autonómicos y los Gobiernos municipales -que pueden tener distintas configuraciones o diferentes prioridades- puedan modular sus decisiones en el modo que consideren que favorece más a sus ciudadanos. También se mantienen las ayudas específicas para territorios con singularidades, como la gratuidad del transporte público terrestre en Canarias y en Baleares, o la gratuidad de determinados servicios ferroviarios en Asturias y en Cantabria. El conjunto de estas medidas se sustenta en un compromiso sólido presupuestario, con números, con cifras y con inversión, con dinero. Para la financiación de las ayudas al transporte público y la puesta en marcha del abono único el Gobierno ha previsto una dotación de 1371 millones de euros -quiero subrayar la cifra: 1371 millones de euros-, garantizando la continuidad, la estabilidad y la seguridad jurídica de todo el sistema de bonificaciones durante el ejercicio 2026.»

Fragmento 3 de 7 de esta intervención.