«Señorías, los datos avalan de forma clara la eficacia de las políticas de impulso del transporte público que está llevando a cabo el Gobierno y que este decreto ley consolida. Entre enero y septiembre de 2025, el transporte público registró una media de más de 420 millones de usuarios al mes, superando de forma amplia los niveles previos a la pandemia. Por tanto, no hablamos de una recuperación meramente coyuntural, sino que es estructural en los hábitos de movilidad de la ciudadanía. Además, las ayudas al transporte público refuerzan la cohesión social y territorial, facilitan el acceso a los servicios esenciales y contribuyen a combatir la despoblación en aquellas zonas rurales donde lo necesitan. Al mismo tiempo, las ayudas al transporte público incentivan el uso del transporte colectivo, reducen la dependencia del vehículo privado y avanzan en los objetivos de descarbonización y de movilidad sostenible. Estamos ante una política pública claramente eficaz, socialmente justa y ampliamente respaldada por la ciudadanía. No es una política partidista, sino una política que ha iniciado este Gobierno y que, sin duda, comparte la inmensa mayoría de esta Cámara.»

Fragmento 6 de 7 de esta intervención.