«Esta deriva no es nueva; es la consecuencia del fallido Estado de las autonomías, alimentado durante décadas por una política de cesiones continuadas del bipartidismo. Cesiones presentadas siempre como excepcionales, pero que acaban siendo estructurales -¡ay, cómo recordamos el Majestic los catalanes!-; cada una de ellas reduce un poco más la capacidad del Estado, rompe la coherencia normativa y consolida un modelo en el que lo permanente se vuelve provisional y lo común negociable. Esta es, una vez más, la enésima cesión. En este contexto, resulta especialmente grave que decisiones de enorme trascendencia institucional queden condicionadas por quienes han sido condenados y confesos de hechos directamente dirigidos contra el orden constitucional. No hablamos de adversarios políticos ni de discrepancia legítima, sino de personas que han quebrantado la legalidad, que no han mostrado arrepentimiento alguno y que mantienen intactos los mismos fines por los que fueron condenados. Que el Gobierno dependa de ellos para sostenerse no es una anomalía menor, es una degradación del sistema, porque normaliza políticamente lo que debería seguir siendo una excepción penal y subordina el interés general a quienes han demostrado desprecio por la ley y por la unidad nacional, convirtiendo esa dependencia en una humillación silenciosa para quienes cumplen la ley, respetan las reglas y sostienen el Estado sin privilegios ni chantajes.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.