«Muchas gracias, señora presidenta. La corrupción del lenguaje es el preludio de la corrupción política, y gobernando este Gobierno no nos debe sorprender. Lo advirtió Edmund Burke a finales del siglo XVIII, y hoy esa advertencia vuelve a cobrar sentido cuando se está llamando 'servicio público' a la justicia, como si estuviéramos ante una mera estructura administrativa y no ante uno de los tres poderes del Estado. La justicia no es un servicio que se gestione. No, no puede serlo. No lo es. Es una función constitucional que limita al poder. Y precisamente por eso incomoda tantas veces: incomoda su independencia, incomoda que no se deje programar, incomoda que no responda a criterios administrativos ni a calendarios políticos. Por eso se la rebaja semánticamente, se la despersonaliza y se la convierte en un mero sistema de tramitación. La Ley Orgánica 1/2025 no es una reforma técnica; es una mutación conceptual de la justicia. Cuando la justicia deja de tener un juez y pasa a tener un modelo; cuando este juez deja de tener un rostro y pasa a tener simplemente indicadores; cuando está desnudo y sin asistencia inmediata, cercana y de confianza, deja de buscar lo justo para obsesionarse solo con lo eficiente. Con ello estamos degradando la justicia, y lo más grave es que ni siquiera es eficiente. Sí, el colapso que anunciamos los que nos opusimos a esta ley ya ha llegado. Y se sabía que iba a llegar, y más con este Gobierno. Lo sabían porque lo denunciaron de forma prácticamente unánime jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados y procuradores, todos los que pisan a diario los juzgados. Miles de horas de trabajo se han perdido, expedientes desplazados, repartos absurdos, aplicaciones que no funcionan, funcionarios amortizados, vistas señaladas a años vista. Todo ello con una implantación improvisada, sin medios y sin planificación. Y lo advertimos.»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.