«Señorías, utilizar el artículo 9.1 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 para mover partidas presupuestarias entre secciones saltándose el artículo 52.1 de la Ley General Presupuestaria es propio de totalitarios que desprecian la ley y desprecian la labor de esta Cámara. Dicho lo cual, planteamos una serie de consideraciones sobre esta proposición de ley. Primera, vemos una exposición de motivos poco trabajada, una exposición de motivos en la que se echan en falta ejemplos concretos de incumplimientos del artículo 52.1 de la Ley General Presupuestaria. Segunda -lo ha comentado el señor Olano-, la prohibición de las transferencias de crédito entre secciones no se encuentra recogida en el artículo 52.2; se encuentra recogida en el artículo 52.1, apartado b). Tercera, echamos en falta una reflexión más ambiciosa sobre cómo reforzar el control parlamentario en la ausencia de presupuestos. La proposición se centra fundamentalmente en reforzar la prohibición de determinadas transferencias de crédito y en fortalecer la intervención de las Cortes en materia de defensa; propuestas que van en la buena dirección pero que resultan ineficientes e insuficientes si no se acompañan de iniciativas parlamentarias adicionales, unas iniciativas adicionales que permitan ejercer un control real y sistemático del Gobierno mientras se mantiene la prórroga presupuestaria. No basta con denunciar la falta de presupuestos; hay que proponer mecanismos concretos de seguimiento, comparecencias obligatorias, informes periódicos u autorizaciones parlamentarias reforzadas que compensen esa ausencia. En definitiva, no basta con señalar el problema; hay que dotar a esta Cámara de más herramientas para ejercer su función de control, sobre todo cuando el Gobierno incumple su obligación constitucional.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.