«Por tanto, seamos serios: no estamos ante un problema jurídico ni constitucional. Si la prórroga fuera ilegítima, no sería legal en las comunidades autónomas; si se incumpliera la Constitución, la prórroga no estaría prevista en el propio sistema, y si fuera una rareza democrática, no afectaría hoy a una gran parte de los Gobiernos autonómicos. Así que, señor Olano, sea serio. Señorías del Partido Popular y de VOX, lo que realmente afecta a la seguridad jurídica, genera coste reputacional y mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones es contar con partidos políticos como los suyos, que generan política inútil de confrontación, que votan en contra de la revalorización de las pensiones, que dejan a su suerte a las personas vulnerables y dejan sin recursos a las Administraciones para que no puedan atender los servicios públicos obligatorios solo por mero juego partidista, algo que también pretende esta iniciativa, ya que es su patrón de funcionamiento. Para el Grupo Parlamentario Socialista esta iniciativa es innecesaria, irresponsable e inoportuna. Es innecesaria porque la justifican como si corrigiera alguna ilegalidad o vacío jurídico que en realidad no existe. La Constitución prevé la prórroga presupuestaria, y la legislación vigente, tanto la Ley General Presupuestaria como la ley de presupuestos del 2023 prorrogados, establece unas limitaciones a las transferencias de crédito entre secciones. No son arbitrarias ni están fuera de control. Lo que sí resulta arbitrario es impedir, como pretende esta iniciativa, todas las transferencias de crédito sin atender las causas que las motivaron, como si todas fueran iguales o caprichosas. Es decir, que pretenden derogar un artículo que es vigente con el único propósito de obstaculizar con ello la acción del Gobierno. Por esta razón es irresponsable, porque limita y condiciona la capacidad del Estado para atender necesidades que son ineludibles. Ustedes no plantean mejorar y acotar, mayor control o mayor transparencia; única y exclusivamente lo que pretenden es prohibir sin limitación. Y es inoportuna porque llega justamente cuando la ciudadanía necesita certezas y capacidades de respuesta. Hoy, con la situación que se está viviendo en Andalucía por las lluvias e inundaciones, en momentos así, lo último que necesita España es que se prohíba y se retrase la acción del Estado ante las necesidades colectivas ineludibles. Si estuviéramos a finales de año y con el fondo de contingencia superado, ¿de verdad prohibirían las transferencias de crédito para atender la emergencia?, ¿de verdad lo harían?»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.