«Desde la liberalización de la alta velocidad en el año 2022, el aumento de trenes y de operadores en las mismas infraestructuras, sin una mejora equivalente del mantenimiento y la prevención, ha incrementado los riesgos y evidencia una creciente presión del sistema, y por ello también -y lo saben ustedes- han aumentado otros indicadores de riesgo. Ante una evolución como esta, señorías, la respuesta tenía que haber sido inmediata. Se debía haber actuado con urgencia mediante un plan de choque ferroviario que corrigiera el deterioro antes de que las consecuencias fueran irreversibles, y no se hizo. Por esa razón, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y con el respaldo mayoritario de esta Cámara, se incorporaron enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible con obligaciones claras y con plazos concretos. Hoy el Gobierno incumple esa ley. No ha aprobado la primera fase del plan de choque extraordinario, tampoco ha aprobado el plan de atención urgente a los pasajeros ni tampoco la recuperación de los criterios de devoluciones por puntualidad, que cambiaron en julio del año 2024. El problema estaba identificado, las señales eran claras, la ley ordenaba intervenir y, sin embargo, no se actuó a tiempo.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.