«Ahora le hablaré de normas y legalidad. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó en el referéndum del 1 de octubre que España vulneraba los derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión y participación política, y el mundo entero vio las imágenes de personas golpeadas, arrastradas por el suelo, de colegios electorales asaltados y más de mil heridos en los hospitales. El reino de España se ha ganado a pulso ser durísimamente cuestionado por este comportamiento. Pero aquí todavía hay quien no quiere aceptar esto, que esa represión no fue normal. Aquel día los catalanes sufrieron abuso de poder, indignidad democrática. Les recuerdo que la ONU también denunció que las detenciones de dirigentes sociales y políticos catalanes fueron arbitrarias y exigió corregir la situación. ¿Y cuál fue la respuesta? Ignorarlo. Y cuando el Comité de Derechos Humanos afirmó que España había vulnerado los derechos políticos de los políticos Junqueras, Rull, Turull y Romeva, la reacción, su reacción también, fue el silencio de la prepotencia. Y llega la ley de amnistía, que tenía que reparar el daño causado durante años de persecución penal del movimiento independentista. Los mismos poderes que impulsaron aquella persecución han hecho lo imposible para impedir que la ley tenga efectos reales. La prensa internacional se ha hecho eco de esto, señalando las resistencias internas de la judicatura española para ello, especialmente cuando afecta al presidente en el exilio, Carles Puigdemont. ¡Y luego hablan de una paradoja jurídica! Literalmente, una ley vigente que no se quiere aplicar. Todo muestra un problema estructural. Cuando se habla de Cataluña, el Estado español actúa y sigue actuando con un sesgo profundamente antidemocrático. No solo ha reprimido el independentismo, no solo ha ignorado a las Naciones Unidas, también ha negado la posibilidad de decidir libremente a los catalanes y respetarla como merece cualquier nación del mundo. Cataluña quiere ser respetada como nación, quiere dirigirse, gobernarse, sin estar subordinada a un Estado que suele actuar como si no quisiera entender su identidad lingüística, cultural, política y social. Y, además, Cataluña quiere dejar de ser arrastrada hacia un empobrecimiento estructural, porque todas estas vulneraciones de derechos políticos y democráticos no son un accidente aislado: forman parte de un sistema que condena a Cataluña a un futuro de oportunidades truncadas. Es un Estado que critica a otros, pero mantiene a Cataluña infrafinanciada, con falta de infraestructuras, con saturación de servicios públicos, con promesas no ejecutadas; un Estado que condena a una de las naciones más dinámicas de Europa a empobrecerse día tras día, con trenes que tienen retrasos, con infrafinanciación en los colegios. Si respetaran a los catalanes, si les importaran los derechos humanos y de verdad quisieran proteger la legalidad internacional, harían una sola cosa: reconocer a Cataluña como la nación que es y la permitirían gobernarse a sí misma. No hay otra fórmula para evitar que España continúe limitando nuestro progreso y nuestra prosperidad.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.