«Buenas tardes, señorías. Lo cierto es que, cuando hablamos de autónomos y autónomas, escuchamos habitualmente muchas caricaturas interesadas -diría yo-, y se nos vende, sin duda, gato por liebre. Así que voy a empezar diciendo lo que no es un trabajo autónomo. Hay autónomos que son un fraude. Así, tal cual. Un fraude, eso sí, evidentemente empresarial: empresas que externalizan sus obligaciones legales forzando a sus trabajadores a pagarse ellos mismos sus cotizaciones. Esto no es, obviamente, ni autonomía ni tampoco libertad, es vulneración de derechos laborales, es fraude a la Seguridad Social y también es una práctica de competencia desleal. Ni flexibilidad ni tampoco modernidad, es precariedad y fraude. Por eso este Gobierno ha reforzado la Inspección de Trabajo con muchos más recursos y más competencias, por eso hemos puesto multas millonarias a empresas defraudadoras y por eso hemos impulsado normas como la ley rider, porque regular es proteger del abuso y del fraude y defender al autónomo real y eso implica combatir, evidentemente, al falso autónomo. Hablemos, pues, de quienes sí son trabajadores y trabajadoras autónomos. La moción, sin duda, acierta al señalar que un problema crucial es la protección social. Ser autónomo o autónoma significa hoy no poder ponerse enfermo nunca. Eso debe cambiar en un país democrático. Aquí va una verdad incómoda que yo quería plantear. Durante décadas, más del 70 % de los autónomos han cotizado por la base mínima sin tener en cuenta sus ingresos reales. Muchos no sabían las consecuencias, ni para ellos ni tampoco para el sistema: básicamente una condena a pensiones bajas y a coberturas pírricas. El sistema les ha dado la espalda durante demasiados años.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.