«El segundo problema es la falta absoluta de rigor. Esta PNL habla de abusos, habla de usura, habla de prácticas inaceptables, pero no aporta ni un solo dato económico relevante. No se cuantifica el tamaño del mercado de los créditos rápidos en España; no se valora cuántos ciudadanos recurren a estos productos y por qué; no hay memoria económica; no hay análisis de impacto; no hay un estudio serio. Señorías, cuando se legisla sin datos se legisla mal, pero, cuando se propone sin datos, se hace populismo. En tercer lugar, hablamos de una falta de alternativas. Plantean prohibir, limitar, supervisar, pero ¿qué alternativa plantean para quienes hoy recurren a estos créditos por necesidad? ¿Qué les proponen a los trabajadores con ingresos irregulares, a los jóvenes sin historial crediticio, a las familias con dificultades de liquidez? La respuesta es clara: nada. (Aplausos). No se plantea ninguna medida para que las entidades concedan créditos a perfiles de mayor riesgo sin cobrar costes abusivos. En cuarto lugar, resulta especialmente llamativo que, hablando de vulnerabilidad, no hayan mencionado la relación entre estos créditos y la pobreza. Los créditos rápidos no surgen por casualidad, surgen donde hay precariedad, bajos ingresos y ausencia de ahorro. Les recuerdo que en España 12,6 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social -un 25,7 % de la población-; que el 63,9 % de las personas que viven en alquiler tienen dificultades para llegar a fin de mes; y que cuatro de cada diez personas en nuestro país que viven de alquiler a precios de mercado se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.