«Muchas gracias, señora presidenta. No, señor ministro, déjese de demagogia y monsergas. Este proceso va a acarrear consecuencias sociales y de seguridad muy graves, porque no va a ser medio millón, ni siquiera 840 000 como dicen otras fuentes, van a ser entre dos y tres millones de personas (varios señores diputados: ¡Hala!) una vez que los ahora regularizados pongan en marcha sus procesos de reagrupación familiar. (Rumores). Es decir, una auténtica avalancha que va a colapsar aún más la sanidad y los servicios sociales, va a precarizar más el mercado laboral y los salarios y va a agravar el problema de la vivienda en detrimento de las clases trabajadoras españolas. Por supuesto, tendrá consecuencias graves en el ámbito de la seguridad, porque acentuará el efecto llamada, porque favorece el negocio criminal de las mafias y de las redes de falsificación y porque va a permitir regularizar a tipos que hoy están delinquiendo en nuestras calles o incluso están en prisión provisional con tal de que no tengan antecedentes penales -o digan ellos mismos que no los tienen-, aunque tengan un largo historial de antecedentes policiales, que son cosas distintas.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.