«La política migratoria del Gobierno, por mucho que les pese, está funcionando desde una multiperspectiva. Hay control en fronteras, hay cooperación con países de origen y tránsito, hay crecimiento económico, hay contribución neta de las personas migrantes a la economía española y al interés general. Un paso adelante en esta política migratoria fue la aprobación del nuevo Reglamento de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, que contó con el apoyo de todas las Administraciones públicas, agentes sociales y también con una amplia participación ciudadana. Es una reforma que ha ampliado y agilizado la regularización por la vía del arraigo a más de 740 000 personas en los últimos tres años, personas que estaban en nuestro país viviendo, estudiando, trabajando. Y así fuimos conscientes del respaldo que tuvo la iniciativa legislativa popular, cuya toma en consideración fue aprobada prácticamente por la unanimidad de esta Cámara, a excepción de ustedes, de VOX, aunque, visto lo visto últimamente, el PP también se sitúa ahora a su lado. Con el objetivo de dotar al sistema de mecanismos más eficientes para gestionar el asilo o los procedimientos de retorno, era necesario modificar parcialmente el Real Decreto 1155/2024 para permitir la plena integración de aquellas personas extranjeras que permanecen en España de forma prolongada y que, por causas ajenas a su voluntad, no pueden acceder a una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. La experiencia ha puesto de manifiesto que la ausencia de encaje jurídico genera efectos negativos tanto para las personas como para el conjunto de la economía.»

Fragmento 6 de 7 de esta intervención.