«Señorías, aquí estamos hablando de algo muy concreto, muy real, que tiene nombres y apellidos: de familias que ven cómo las mismas empresas que recibieron ayudas públicas, que pidieron sacrificios a las plantillas, que aplicaron ERTE, descuelgues de convenio, congelación y bajada de salarios, todo para salir adelante, ahora cierran, se marchan o se venden a fondos que vienen a desguazar y a despedir. Estamos hablando de la vida de la gente. Estamos hablando de la planta de BSH en Esquiroz, Navarra; de Saint-Gobain, Sekurit o Arcelor en Asturies; de AGAMA en Illes Balears; de Marie Claire en el país valencià; de International Paper, de Iveco o de Coca-Cola en Madrid; de Fiber o Alcoa en Galicia; de Siemens Gamesa, de Bimbo y de Michelin en Castilla y León; hablamos de SABIC en Murcia; de Nissan, de Bosch, de Mahle o de TE Connectivity en Cataluña; de Abengoa en Andalucía, y de MANN+HUMMEL o del Grupo Trigo en Aragón; y estas son solo algunas, porque hay muchas más. Para todas ellas, para sus trabajadores y sus trabajadoras va hoy esta proposición de ley. (Aplausos). Para evitar que miles de trabajadores y de trabajadoras, esto es, que miles de familias se queden sin su fuente de ingresos y se vean abocadas a intentar sobrevivir a base de empleos mucho más precarios o de ir tirando con lo que salga -en muchos casos empleos de horas al día o de algunos días- o, en demasiadas ocasiones, a estirar indemnizaciones y el paro, porque encontrar un nuevo empleo, como ellos mismos dicen, con mi edad y después de 30 años en la misma empresa, es ciencia ficción. También es para que algunos territorios no se conviertan en eriales industriales sin presente ni futuro, llenos de lunes al sol y de jóvenes que se marchan.»

Fragmento 3 de 7 de esta intervención.