«Sin embargo, la propuesta acepta como asumible la deslocalización intraeuropea y solo sanciona la extracomunitaria. No se está ante una defensa estricta de la industria española, sino ante una delimitación que responde a un marco supranacional concreto, aunque las consecuencias para nuestras familias trabajadoras sean exactamente las mismas. A ello se añade la previsión de reintegro íntegro de prestaciones y exoneraciones vinculadas a ERTE o mecanismos RED cuando en los cuatro años anteriores la empresa se haya beneficiado de tales medidas. Conviene advertir que los expedientes temporales de regulación pueden obedecer a causas muy diversas y no necesariamente conectadas con una decisión futura de traslado. Establecer un automatismo tan amplio en el tiempo introduce un elemento de desproporción que puede generar -y generaría- inseguridad y penalizar situaciones empresariales que en su origen fueron legítimas y ajenas a cualquier intención de vaciamiento. La segunda disposición propuesta incide en la transmisión de empresas o unidades productivas de cincuenta o más trabajadores, imponiendo la presentación obligatoria de un plan de viabilidad ante la autoridad laboral, un periodo de consulta reforzado y la revelación de toda información disponible sobre la operación, incluido el precio y las condiciones comerciales o financieras. Se configura así un modelo de intervención intensa en decisiones privadas que afecta a la propiedad y a la libre contratación entre particulares. No se trata de garantizar información laboral, sino de someter la operación mercantil a una exposición que puede frustrar acuerdos legítimos y disuadir a compradores solventes.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.