«La introducción de un derecho preferente de adquisición por parte de la plantilla y la previsión de responsabilidades subsidiarias o incluso solidarias tras la transmisión completan un esquema que, lejos de facilitar reestructuraciones ordenadas, puede dificultarlas. (Aplausos). Cuando se imponen cargas adicionales a quien valora invertir o adquirir una unidad productiva, el resultado no siempre es la continuidad del empleo; en ocasiones, es la retirada de la oferta y, con ello, la liquidación definitiva de la sociedad. Existe además un principio económico elemental que rara vez se menciona: a mayores barreras de salida, mayores barreras de entrada. Si el marco normativo convierte en extraordinariamente complejo reorganizar o transmitir una empresa, el inversor incorporará ese riesgo desde el inicio y ponderará con mayor cautela su decisión de implantarse o ampliar actividad en nuestro país. La protección del empleo existente no puede diseñarse al margen de la necesidad de generar empleo futuro. Nada de lo anterior implica desconocer que el Estado debe actuar contundentemente -insisto, contundentemente- frente al fraude o frente al uso oportunista de ayudas públicas. (Aplausos). Cuando existan compromisos de permanencia claramente definidos, su incumplimiento debe tener consecuencias proporcionadas y eficaces, pero perseguir el abuso no equivale a convertir el derecho laboral en un sistema general de prohibiciones preventivas ni a difuminar los límites entre tutela laboral y control administrativo de la empresa. La verdadera fortaleza industrial no se construye exclusivamente a través de vetos y obligaciones adicionales, sino creando un entorno en el que producir en España resulte competitivo, estable y previsible, y esto en España ahora no sucede. Si no abordamos los factores estructurales que encarecen la actividad productiva y limitan su desarrollo, estaremos regulando las consecuencias sin afrontar las causas.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.