«Muchas gracias, presidenta. Señorías, hoy el Grupo Vasco nos trae una proposición de ley para modificar la ley del Tribunal Constitucional, con el objetivo de eliminar tanto el recurso previo de inconstitucionalidad frente a reformas estatutarias como el régimen sancionador que el Partido Popular incorporó en el año 2015 para los cargos públicos. Esta ley no se ha traído al Congreso solamente esta vez, sino que también se trajo en los años 2016 y 2021, pero no se llegó a tramitar. Y no se trata de una reforma meramente técnica ni menor, sino que tiene que ver con algo que es muy serio: cuál es el papel del Tribunal Constitucional en una democracia y hasta dónde debe llegar su intervención en los conflictos políticos. Recordemos que, en el año 2015, en pleno conflicto territorial, el Partido Popular decidió convertir el Tribunal Constitucional en algo más que un órgano jurisdiccional y le otorgó facultades de ejecución directa, con la posibilidad también de imponer sanciones e incluso la suspensión de autoridades públicas elegidas democráticamente. La verdad es que esto supuso un salto cualitativo que tensionó la separación de poderes y, además, desdibujó la naturaleza del propio Tribunal Constitucional. Un tribunal constitucional está para interpretar la Constitución y declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas; no está para convertirse en un órgano disciplinario del Poder Legislativo ni tampoco en una herramienta de confrontación política.»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.