«Las cifras europeas muestran que las entradas irregulares han descendido en la Unión; sin embargo, en la ruta del Mediterráneo occidental, la que afecta directamente a España, han aumentado. Mientras nuestros socios endurecen sus políticas de retorno, España anuncia papeles para todos, así nos convertimos en el coladero del espacio Schengen. (Aplausos). La propia Fiscalía General del Estado ha advertido de los retrasos y dificultades para materializar expulsiones por colapso judicial y la imposibilidad de localización o falta de cooperación consular. Es decir, el sistema no funciona. En lugar de arreglarlo, el Gobierno ha optado por desactivarlo por la vía de la regularización masiva. Señorías, esto no va de humanidad frente a firmeza, va de Estado de derecho, va de que las resoluciones administrativas y judiciales se cumplan, va de que quien comete delitos graves o reincide dolosamente no puede seguir en nuestro país como si nada hubiera pasado. Las peticiones en nuestra proposición son claras. Primero, garantizar la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión. Segundo, aprobar los cambios legislativos necesarios para expulsar a los extranjeros condenados por delitos graves o reincidentes, especialmente por delitos contra la libertad sexual, impidiendo su retorno. Tercero, reforzar la cooperación judicial y policial para acortar plazos y evitar dilaciones indebidas. Cuarto, revisar los acuerdos con países de origen y tránsito, introduciendo consecuencias diplomáticas o económicas cuando no colaboren en la readmisión. Y, quinto, reforzar los medios humanos y tecnológicos de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e impulsar la colaboración con Frontex.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.