«Muchísimas gracias, señor presidente. Señorías, permítanme que comience mi intervención manifestando de nuevo, en nombre del Gobierno de España, nuestra cercanía, respeto y consideración a las personas afectadas y a los familiares de las cuarenta y siete víctimas mortales de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz, Córdoba, y en Gelida, Barcelona. Son hechos que han conmovido al conjunto de la sociedad española y exigen que las instituciones -que deben representar el sentir de la sociedad- den la mejor respuesta posible ante el tremendo dolor vivido. Señorías, el transporte ferroviario es un pilar esencial de nuestra movilidad y una pieza clave tanto de la cohesión territorial como de la transición ecológica. España cuenta con una de las redes ferroviarias más extensas de Europa y con elevados estándares de calidad. Cuando se produce un accidente -por excepcional que sea-, la prioridad absoluta debe ser la atención integral a las víctimas y el refuerzo continuo de las garantías de seguridad. Esa es la razón por la que el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 1/2026, de 27 de enero, que hoy se somete a la convalidación de esta Cámara. Respondemos así al compromiso de ofrecer una respuesta lo más rápida posible, eficaz y justa a las personas afectadas. El instrumento es un real decreto ley que se ha considerado básico por las razones que señala nuestra Constitución, es decir, motivos de extraordinaria y urgente necesidad.»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.