«La actuación de los poderes públicos en una situación como esta de especial gravedad debe realizarse en parámetros de celeridad. Evitamos así que las víctimas afronten, además del impacto emocional y físico, una incertidumbre prolongada en otros aspectos. Este real decreto tiene un doble objetivo: por un lado, establecer un marco ágil de ayudas directas para las víctimas y sus familiares; por otro lado, complementar sin sustituir los derechos que pudieran corresponderles por otras vías legales o de las aseguradoras. Por tanto, se trata de una respuesta extraordinaria ante circunstancias excepcionales que no prejuzga responsabilidades ni interfiere en las investigaciones en curso, pero que sitúa en el centro a las personas afectadas. Entrando en el sistema de ayudas establecido por este real decreto ley, señorías, quiero decirles que se ha diseñado sobre tres premisas: la primera, su carácter inmediato y complementario; la segunda, la objetivación de los criterios de acceso, y, la tercera, la proporcionalidad en función del daño sufrido. En este real decreto ley se incluyen una serie de medidas que -bajo el principio de celeridad que ya les he mencionado- actúan en varias esferas en el fondo y en la forma. Son ayudas económicas para familiares en casos de fallecimiento, compensaciones para personas con lesiones, apoyo específico para situaciones de especial vulnerabilidad y, en lo que se refiere a la forma, procedimientos sencillos para la tramitación y resolución. Se pretende así alcanzar una doble meta: un sistema de ayuda inmediato, objetivo y directo y, a su vez -en paralelo-, la reducción de cargas administrativas, de modo que garanticemos que la ayuda llegue en el menor tiempo posible.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.