«Decía que esas oficinas se pusieron en marcha el día 28 de enero, apenas veinticuatro horas después de que se aprobase en Consejo de Ministros el real decreto ley y el mismo día en que este se publicaba en el Boletín Oficial del Estado. También se ha procurado simplificar al máximo el procedimiento y, siempre que las personas solicitantes lo autoricen, la Administración recabará de oficio la información y documentación necesaria, evitando, en la medida de lo posible, que los beneficiarios tengan que aportar documentos que ya obren en poder de otras Administraciones públicas o entidades, con pleno respeto, como es lógico, a la normativa de protección de datos personales. En otro orden de cosas, señorías, más allá de las ayudas, estos acontecimientos refuerzan la necesidad de continuar avanzando en la mejora permanente de la seguridad ferroviaria. España cuenta con un sistema basado en estándares europeos, supervisión técnica y evaluación independiente de incidentes. No obstante, cada accidente debe analizarse con rigor técnico, con transparencia y con dación de cuentas, que es lo que ha hecho el ministro de Transportes, y conocer las causas para que no se repitan. Es por ello por lo que el Gobierno reitera su compromiso con la investigación técnica independiente, con la transparencia informativa y con la adopción de medidas correctoras cuando proceda.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.