«Este real decreto ley reconoce algo que es fundamental: que el Estado tiene que estar al lado de las víctimas desde el primer minuto y que las ayudas tienen que ser, por supuesto, rápidas, compatibles, no reembolsables y exentas de tributación, y eso lo vamos a apoyar. Pero en Podemos queremos recordar que la justicia social no empieza cuando se paga una indemnización, empieza cuando se garantiza la seguridad. Esa seguridad, además, no depende del beneficio privado ni tampoco del beneficio empresarial, sino que empieza cuando el mantenimiento de las infraestructuras no se recorta ni se privatiza; empieza cuando la movilidad pública no se abandona, porque, mientras estamos debatiendo cifras, hay trabajadores y trabajadoras que tienen que coger cada día el transporte público y necesitan que el sistema funcione. Hay familias que se suben todos los días a un vagón de tren pensando que van a llegar bien a su casa, y esa confianza no se compra con 72 000 euros, esa confianza se construye con inversión pública, con planificación y con control democrático. También queremos señalar algo muy importante: que estas ayudas no pueden servir para diluir la responsabilidad de las empresas ferroviarias y las Administraciones públicas. Los administradores de las infraestructuras también tienen que asumir lo que les toque asumir. Ni un euro de lo público puede convertirse en coartada para que lo privado eluda su responsabilidad y sus obligaciones.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.