«Por eso, este real decreto ley propone agilizar los procesos. Las víctimas no pueden esperar, al dolor no podemos añadirle la incertidumbre de no saber cómo salir adelante. De eso trata precisamente este real decreto ley. Su doble objetivo es claro: establecer ayudas directas y anticipar unas indemnizaciones que no pueden demorarse -hasta diez años está tardando la resolución del accidente de Angrois-. En un plazo no superior a tres meses los herederos de las víctimas mortales recibirán 216 000 euros en un pago único. La rapidez institucional también es una forma de cuidar y de acompañar; es la expresión del Estado a través de su Gobierno, que da un paso al frente para decir a las víctimas, con todo el respeto y el cariño, que están a su lado. Estas medidas no reparan el dolor de lo irreparable, pero demuestran respeto e intentan transmitir el calor de un Estado que aspira a ser el relevo solidario de esos pueblos que se entregan para ayudar al prójimo en momentos difíciles.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.