«Con estas medidas, el Gobierno busca un equilibrio entre los distintos intereses afectados, con un objetivo claro: que el mayor número de viviendas salga al alquiler y que lo haga a precios asequibles. Y un objetivo humanitario: que nadie se quede en la calle por no poder pagar un alquiler. Señorías, ¡que nadie se quede en la calle! (Aplausos). Este debería ser un objetivo, una finalidad de todos los que estamos hoy en esta Cámara. Y comprobaremos con el voto a quién le importa la gente y a quién no le importa lo más mínimo. En esa línea, quiero también recordar que el Gobierno reforzó con más de 300 millones de euros la línea pública de avales destinada a cubrir posibles impagos de alquiler; medida que protege a propietarios siempre que alquilen a precios asequibles o a jóvenes menores de 35 años. Por tanto, en este real decreto ley ampliamos hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo previsto por la Ley por el Derecho a la Vivienda para someter a conciliación o a intermediación los desahucios suspendidos cuando el arrendador es un gran tenedor.»

Fragmento 3 de 8 de esta intervención.