«Recordemos de dónde venimos. El real decreto ley de 2020 nació en plena pandemia, en una situación de parálisis global sin precedentes. Suspender temporalmente los desalojos fue justo y ponderado, una medida excepcional en un momento excepcional. Pero han pasado seis años desde entonces, y si, como dice el Gobierno de España, va como un cohete, ¿por qué siguen gobernando como si estuviéramos en una pandemia permanente? ¿Por qué prorrogan medidas que solo tenían sentido en aquel contexto extraordinario? En todos estos años, el Gobierno no ha sido capaz de presentar alternativas, no ha fortalecido el parque público ni el privado, no ha realojado a esas familias vulnerables, no ha creado itinerarios de acompañamiento para salir de la provisionalidad. Lo único que han hecho ha sido cargar su responsabilidad sobre los privados, hacer pagar a otros su incompetencia, convertir una medida excepcional en una penitencia indefinida para los propietarios, sobre todo para los pequeños propietarios, que llevan años asumiendo un coste que no les corresponde. Algunos, hace tres, cuatro o cinco años que no cobran el alquiler. Y lo peor es que, mientras ellos sufren ese desgaste, los inquilinos vulnerables no progresan hacia una solución real, atrapados indefinidamente en un sistema que no les garantiza ningún futuro. Este es su doble fracaso: unos sufren porque se les impone una obligación que no es suya y los otros porque el Gobierno no ha sido capaz de ofrecerles ninguna salida estable en seis años.»

Fragmento 7 de 10 de esta intervención.