«Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Hoy me corresponde defender el Real decreto ley por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia, una normativa que responde principalmente al clamor social que se ha producido en nuestro país tras el encarecimiento disparatado de los precios de algunos bienes y servicios esenciales que vimos tras el accidente ferroviario de Adamuz, las inundaciones en Grazalema y otras localidades de Andalucía y Extremadura, pero también tras el apagón, los incendios devastadores que vivimos el pasado verano o la dana de Valencia. Lo que se ha visto una y otra vez en estas situaciones es que, incluso en las circunstancias más duras y que causan mayor dolor en nuestras sociedades, existen agentes económicos empeñados en demostrar que no les importa la gente afectada por estas situaciones, sino cuánto dinero pueden obtener de ellas, a menudo por medio de sistemas automatizados de fijación de precios desprovistos de cualquier límite, de cualquier noción del bien común o del interés general. De hecho, estos incrementos abusivos en ningún caso se han correspondido con incrementos de los costes operativos o de funcionamiento de esos servicios; al contrario, responden al afán de obtener un lucro inmerecido, injustificado e inaceptable a costa de explotar la necesidad ajena y la vulnerabilidad de los consumidores. (Aplausos).»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.