«Ante esta realidad, la opinión pública, las organizaciones de consumidores y usuarios, instituciones como el Defensor del Pueblo, pero también la mayoría de los grupos parlamentarios aquí reunidos, expresaron reiteradamente la necesidad de poner coto a estas situaciones de indefensión y vulnerabilidad de la ciudadanía y de limitar, por tanto, estos abusos injustificables por algunos operadores del mercado. No podemos normalizar que trayectos en VTC, por ejemplo, que un día cualquiera cuestan 25 euros, llegaran hasta los 90 euros en grandes ciudades durante el apagón. No es admisible que los vuelos a Galicia alcanzaran hasta los 400 euros por trayecto, como sucedió el pasado verano durante la oleada de incendios, o que tras el devastador accidente ferroviario de Adamuz ocurrido recientemente, volviera a dispararse el precio de los transportes alternativos, como los billetes de avión, el alquiler de vehículos o también las aplicaciones de viajes compartidos. Creo que, independientemente de la afiliación política e ideológica de la ciudadanía, una inmensa mayoría de nuestro pueblo compartió su indignación ante estos abusos. ¿Cómo no hacerlo cuando en medio de una emergencia hay quien decide aprovecharse de la necesidad y la vulnerabilidad ajenas?»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.