«Empecemos por ello. ¿Fueron los hechos como se nos han contado o estamos ante el enésimo bulo del Gobierno del bulo? El pasado 20 de enero, apenas dos días después del fatídico accidente de Adamuz, el diario Público titulaba con su rigor habitual: Precios disparados tras el accidente de Adamuz. Así se lucran las empresas de transportes tras la tragedia. Mientras que El Periódico escribía: Los precios de los vuelos Madrid-Málaga se disparan. ¿A qué se debe? Titulares inquietantes que, sin embargo, se compaginaban francamente mal con el contenido de las respectivas informaciones, revelando que el señor Bustinduy es de aquellos que se deja deslumbrar por los titulares y luego no se lee la letra pequeña de los papeles. Lo que en un ciudadano normal es preocupante, en un ministro de Consumo es altamente preocupante. Y es que no hacía falta más que saltar de los titulares al cuerpo de la noticia para enterarse de que, si bien en un primer momento el sistema de precios dinámicos que todas las aerolíneas utilizan -empleando algoritmos para ajustar el coste de sus vuelos a la demanda o incluso al perfil del usuario- había provocado una efectiva subida de las tasas aéreas, esta fue contrarrestada de manera inmediata -inmediata, 24 horas después-: primero, incrementando de manera sensible el número de frecuencias de vuelo entre Madrid y Sevilla y Málaga -36 000 plazas extras ofreció Iberia entre el día del accidente y el 2 de febrero, un incremento del 66 %, y no lo ha mencionado-; segundo, fijando un tope de 150 euros que al día siguiente se redujo a 99 euros en clase turista y por trayecto para los vuelos desde y hacia Sevilla, Granada, Almería, Málaga y Jerez; y tercero, cumpliendo escrupulosamente las compañías ferroviarias con la obligación contraída con los titulares de uno de sus billetes de ofrecerles, bien el reembolso íntegro del importe, bien un medio de transporte alternativo en condiciones comparables, sin coste adicional y garantizándoles el menor retraso posible.»

Fragmento 2 de 9 de esta intervención.