«¿Cuál es la moraleja de todo esto? De una parte, que ninguna empresa de este país tiene el más mínimo interés en ver dañada su imagen pública por tomar parte en prácticas abusivas que perjudiquen gravemente a los consumidores. De otra, que nada garantiza que el Consejo de Ministros vaya a ser más rápido, ni más generoso, ni más acertado en la determinación del precio de un bien o un servicio que aquellos que lo venden y aquellos que lo prestan a diario. Y tercero, que nada hace prever que concederle a este Gobierno -cuyo presidente dijo que no gobernaría con populistas, que no pactaría con terroristas y que no amnistiaría a golpistas- una potestad como la que ahora demanda el señor Bustinduy a través de este real decreto ley no vaya a ser la antesala de una política generalizada de control de precios, lo que podría llevar a que la competencia del Estado para proteger a consumidores y usuarios del artículo 51 acabe convertida en punta de lanza para acabar con el derecho a la propiedad del artículo 33 y con la libertad de empresa del artículo 38.»

Fragmento 4 de 9 de esta intervención.