«Y conculca el derecho de la Unión Europea, toda vez que la intervención generalizada en la formación de precios que prevé no superará -ya se lo anticipo- el test de necesidad y proporcionalidad estricta exigidos por los artículos 9 y 15 de la Directiva de Servicios del Mercado Interior, al no haberse acreditado que sea la opción menos restrictiva para garantizar esa accesibilidad. El decreto ley que se nos invita a convalidar, por último, demoniza a sectores enteros de nuestra economía. Usted lo ha hecho durante su intervención. Ninguna empresa en este país se atrevería a dañar su imagen pública llevando a cabo prácticas abusivas perjudiciales para sus clientes en situación de especial vulnerabilidad, pero con esta norma ya no es necesario cometer semejante torpeza para aparecer a los ojos de la opinión pública como la empresa o el sector más despreciable de España, puesto que habilita al Gobierno a anticipar culpabilidades, a diseminar sospechas y a erosionar credibilidades. Se lo ha dicho la patronal de la distribución, ANGED: sitúa a las empresas en una posición de vulnerabilidad y prejuzga su mala fe ante situaciones de crisis, cuando la realidad ha sido bien distinta, porque sectores como el de la distribución han garantizado siempre el abastecimiento seguro y la accesibilidad de bienes y servicios a toda la población en contextos muy complicados, como el COVID o la dana. También se lo ha denunciado la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos en relación con la aplicación de este decreto en los casos de Andalucía y Extremadura afectados por la borrasca Leonardo.»

Fragmento 8 de 9 de esta intervención.