«Muchas veces hemos visto una fiscalidad más justa para grandes empresas y se ha dicho que no se podía hacer porque eso encarecería los precios. Este argumento hay que desmontarlo, porque muchas veces no es cierto y en muchas ocasiones depende de cómo se diseñen las políticas. Regular los mercados en tiempos de crisis es hacer política útil para la clase trabajadora, especialmente en Cataluña, donde el coste de la vida es más alto, y hacen falta herramientas que lo reconozcan, como por ejemplo un sueldo mínimo interprofesional propio. Acabo. Damos apoyo a este real decreto por tres razones. Una, para proteger a la ciudadanía ante abusos de las grandes empresas y de los especuladores. Dos, para garantizar la justicia social y la equidad. Nadie puede lucrarse con la vulnerabilidad; no hay nada que sea más repugnante que lucrarse cuando otra persona sufre. Y tres, exigir la responsabilidad de los operadores en situaciones de riesgo. Es el momento de demostrar que el estado del bienestar es una herramienta auténtica para proteger a las personas y para garantizar el acceso a los servicios esenciales. Lo hacemos por dignidad, por justicia y para defender también el derecho a la movilidad de todas las personas que por causa de un accidente hoy en día tienen que pagar unas tarifas altísimas si quieren desplazarse. Esperamos que esto no sea una situación puntual, sino un paso en la vía de un camino sostenido que ponga en el centro los derechos de las personas -en el centro de la política- y no los derechos de los que creen que están por encima del más vulnerable. Muchas gracias. (Aplausos).»

Fragmento 4 de 4 de esta intervención.