«Señorías, no estamos ante una norma improvisada, como alguna gente ha querido señalar hoy aquí. Lo que hoy introducimos cuenta con rigor técnico; con un rigor, además, impecable, para evitar prácticas que, en muchos casos, rozan la usura en momentos de necesidad extrema. Señorías, esta modificación no es una declaración de intenciones; es un blindaje en tres ejes: en primer lugar, fijar un límite real frente al abuso fijando un precio máximo, el establecido en los treinta días anteriores a la catástrofe, para que así acabemos con el intento de inventar tarifas y exprimir el miedo de la gente. En segundo lugar, cerramos la puerta a las excusas. Para aquellos servicios estacionales, la referencia será la del mismo periodo del año anterior teniendo en cuenta la actualización del IPC. Y, por último, dotamos a esta norma de eficacia inmediata, para que la garantía sea tangible, para que cuando se detecte algún tipo de incumplimiento la ciudadanía pueda recibir el reembolso de todo lo que se ha cobrado de más de una manera rápida e inmediata. Porque una protección que tarda años en llegar no es justicia y con este real decreto la garantía es inmediata.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.