«El terrorismo a la española no es derecho penal; es arbitrariedad, disfrazada de ley, que solo tiene un objetivo: perseguir al adversario político y criminalizar los proyectos políticos por entero. Durante años el Gobierno independentista ha sido perseguido con el derecho penal. Se ha querido hacer pasar un conflicto político por un simple episodio delictivo que se tenía que resolver con prisión e inhabilitaciones; una estrategia deliberada, reforzada con las reformas penales de 2015, que ha acabado resultando un estado de excepción penal permanente: primero con el golpe de Estado y la rebelión, ahora con la malversación y durante muchos años con tramas rusas inventadas y falsas acusaciones de terrorismo. Es el marco mental del opresor, que algunos incautos compramos por rabia y suponemos que a cambio de mucho. Y toda esta gran farsa del Estado español que se inventó sobre el terrorismo la desmontamos nosotros; la ha desmontado Junts per Catalunya cuando nuestros siete diputados han sido decisivos. Fue en 2023, después de estar cinco años en el Gobierno y precisamente a raíz de constituir esta Mesa, cuando obligamos al PSOE a sacarnos de la directiva de terrorismo y a dejar de ponernos en las listas terroristas de Europol. Y fue en 2024 cuando se aprobó la ley de amnistía, curiosamente, en medio de un revival de acusaciones de terrorismo que buscaban darnos miedo, pero no lo consiguieron. Y, por si no lo recuerdan, en el caso del Tsunami Democràtic, decenas de personas, muchas de ellas anónimas, fueron acusadas de terrorismo, como también otras más conocidos, como el presidente Puigdemont, o su jefe de oficina, Josep Lluís Alay, o la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, o los señores Xavier Vendrell, Oriol Soler, Marta Molina, Rubén Wagensberg, Jesús Rodríguez, etcétera; decenas de personas, que fácilmente hubieran pasado a sumar centenares, que hoy estarían en manos de fiscales motivados y los Aguirre y los García-Castellón de turno si Junts per Catalunya no hubiera bloqueado la ley de amnistía fake el 30 de enero de 2024, una ley que algunos decían que era robusta pero que, en realidad, era un colador para el terrorismo a la española. Forzaron una segunda vuelta, aguantamos insultos y mentiras y obligamos al ministro Bolaños y al Gobierno socialista a aprobar una ley de amnistía que no querían, una ley de amnistía que no deja a nadie atrás y pone punto final al uso político del terrorismo a la española. ¿Y saben qué ha dicho el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Dean Spielmann, en sus conclusiones del pasado noviembre? Dice que la ley de amnistía cumple los requisitos jurisprudenciales, porque no incluye violaciones graves de derechos humanos. La ley de amnistía forzada por Junts per Catalunya ha dejado en evidencia la burbuja judicial, política y mediática española.»

Fragmento 7 de 8 de esta intervención.