«Buenas tardes, señorías. (La señora diputada enseña su camiseta en la que pone: Cállese señoro). Quiero comenzar declarando el respeto más profundo y absoluto por las víctimas del terrorismo, por el dolor de las familias que ETA destrozó, por la herida abierta por el 11M y todas las víctimas del terrorismo yihadista. La memoria, la dignidad y la justicia son pilares de nuestra democracia. Deslegitimar la violencia es un deber ético, porque la democracia siempre es superior al terror, y por eso debemos defenderla con sus mejores herramientas: la ley y la proporcionalidad. Pero es ahí donde esta propuesta falla, en su encaje democrático. La proposición de ley que se presenta para su toma en consideración propone inhabilitar para ejercer la función pública o percibir subvenciones cuando esto conlleve trabajar con menores a cualquier condenado por el capítulo VII del título XXII del libro II del Código Penal. A nuestro entender, esta es una medida arbitraria, que no distingue la gravedad del hecho ni la peligrosidad real para los menores y mete en el mismo saco a un comando operativo terrorista, a un rapero condenado por la letra de una canción o a una joven por un chiste. Las modificaciones propuestas pueden considerarse manifiestamente desproporcionadas y que van en contra de la reinserción social a la que están orientadas las penas, al tiempo que obvia convenientemente que ya existe la inhabilitación especial para empleo público en el Código Penal. Esta proposición pretende que dicha inhabilitación sea permanente, automática y que se regule a través del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley General de Subvenciones, saltándose el control del Poder Judicial.»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.