«Señorías, estas no son exigencias ideológicas, no lo son. Son exigencias de sentido común, son cuestiones de Estado. La regularización masiva del Gobierno es una mera operación política, improvisada y profundamente irresponsable, que va contra la propia seguridad nacional, como aseguran los informes y los análisis de riesgo elaborados por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, que el Gobierno ha pretendido, ha intentado ocultarnos a todos los españoles. El Gobierno pretende regularizar a centenares de miles de personas sin poder precisar -la ministra no pudo precisarlo- cuántas personas serán realmente. Sin embargo, la Policía asegura que serán en torno a 1,3 millones de inmigrantes, entre reagrupaciones familiares y efectos derivados. No existe memoria económica para esta regularización. Tampoco existe previsión administrativa. Se va a hacer sin haber evaluado el impacto sobre los servicios públicos. Y lo que es más grave aún, es inaceptable: se va a llevar a cabo esta regularización sin garantizar la ausencia de antecedentes penales y policiales. (Aplausos). Y no, señorías, no. Señorías del Grupo Socialista, no. Los españoles no vamos a aceptar que ustedes, por conveniencia política, regularicen a miles de delincuentes en nuestro país. Pero ¿esto qué es, señorías? ¿Esto qué es? Sí. ¿Esto qué es? Sin acreditar antecedentes penales y policiales. Y la ministra no fue capaz de desmentirlo porque era verdad. Es verdad.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.