«Hablan de integración mientras ignoran deliberadamente la presión que ya sufren nuestros servicios públicos: el sistema sanitario, el sistema educativo, el mercado de la vivienda o la atención social. No puede ser que en España entrar irregularmente tenga premio. Este efecto llamada tiene consecuencias. Tiene consecuencias en los países de origen, tiene consecuencias en las rutas migratorias y en nuestras fronteras. Fíjense si las tienen, fíjense las consecuencias que tienen. Mientras el Gobierno anuncia regularizaciones masivas desde los despachos de Madrid, en la frontera sur la realidad es absolutamente distinta. Solo en el mes de enero, 426 personas entraron ilegalmente en Ceuta y únicamente cinco -cinco personas- fueron devueltas. De 426, cinco devoluciones. En apenas dos meses, las entradas superaron las 1200 personas, multiplicando las cifras del año anterior y tensionando al límite la capacidad de la ciudad, la de sus servicios y la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que garantizan nuestra protección, exponiendo su propia integridad en la mayoría de los casos. Esto no es un dato aislado; es el reflejo de una política migratoria que ha renunciado a ejercer el control que exige cualquier Estado serio. Cuando las entradas ilegales se disparan y las devoluciones se reducen a cifras testimoniales, no falla el sistema administrativo; falla la voluntad del Gobierno de hacer cumplir la ley. (Aplausos). Falla la voluntad del Gobierno de hacer cumplir la ley. Y quienes pagamos esa falta de voluntad somos territorios como el mío, como Ceuta y Melilla, como Andalucía, como Baleares, como Canarias; al fin y al cabo, todos pagamos las consecuencias. Pero esa primera línea de presión migratoria no tiene los medios suficientes y, además, tampoco cuenta con el respaldo político del Gobierno de España; y no, no lo merecemos.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.