«La reducción a 5 peonadas es una medida histórica, pero queremos ir más allá. Se tiene que actualizar la cuantía de desempleo agrario, vinculándolo al salario mínimo interprofesional en lugar de al IPREM; se debe equiparar a mayores de 52 años a la situación de quienes reciben el antiguo subsidio agrario, y se tienen que ampliar los topes de ingresos, porque es de justicia proteger a los jornaleros y jornaleras, asegurar estabilidad, seguridad y dignidad y reconocer el valor real de su trabajo. Y tampoco podemos olvidar al sector apícola, absolutamente estratégico para nuestra agricultura y nuestra biodiversidad. Un tercio de nuestra producción depende de las abejas. Sin embargo, muchas de estas explotaciones apícolas han sufrido pérdidas severas. Por eso también tienen que poder acceder a ayudas extraordinarias. Para proteger a la agricultura, hay que proteger a las abejas, a la apicultura. Una catástrofe que ha vuelto a evidenciar que los ayuntamientos rurales son los grandes maltratados financieramente en nuestro país. Mientras alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas estaban al pie del cañón protegiendo a su gente -los primeros en actuar-, hemos visto cómo necesitan recursos. Urge una reforma de la financiación local que sea justa, que reconozca su esfuerzo y la centralidad de los ayuntamientos en la defensa de lo común. Y nos queremos atrever a mirar más lejos. Hay que avanzar hacia una renta universal agraria que aporte seguridad, que fije la población al territorio y que proteja a quienes sostienen el campo. Del mismo modo, hay que abrir también el debate sobre una seguridad social alimentaria, porque asegurar condiciones justas para los productores es también garantizar el derecho de toda la sociedad a una alimentación de calidad, sostenible y accesible.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.