«El conflicto entre Cataluña... (fallo técnico) ... tiene raíces profundas que vienen de muy lejos. La sociedad catalana, desde la aprobación del decreto de nueva planta, con la subsiguiente abolición de nuestras instituciones seculares, nuestras constituciones, la pérdida de nuestra soberanía y la prohibición de nuestra lengua, ha batallado para recuperar lo que las armas y la monarquía nos hurtaron hace más de trescientos años. La distancia y el desacuerdo permanente entre las dos naciones han sido fruto de tensiones políticas, ante las cuales el Estado español, en muchas ocasiones, ha respondido a través de la represión política, militar, policial, judicial y mediática, y la manifestación máxima es la detención y la extradición, el consejo de guerra, la condena a muerte y la ejecución del presidente de la Generalitat, Lluís Companys. La evidencia de la existencia de un conflicto político era algo que exigía ser reconocido. Este relato como origen y perpetuación del conflicto por primera vez se acepta por la parte española, y esa parte de nuestro acuerdo es especialmente relevante, porque marca los adelantos que deben darse en la resolución del reconocimiento nacional de Cataluña. Todos ustedes saben que los últimos intentos de acordar una vía de restitución de nuestros derechos históricos perdidos, y hacerlo a través de la negociación que espera la sociedad catalana, han sido formulados a través de mecanismos que permite la Constitución, pero ninguno de ellos ha prosperado: ni la reforma del estatuto, ni en 2012 la aprobación en el Pleno del Parlamento de Cataluña de la propuesta del pacto fiscal, que, pocas semanas después, el presidente Mas llevó al presidente del Gobierno español de entonces, que rechazó discutirlo y, menos aún, negociarlo. Y en 2014, cuando una amplia mayoría del Parlamento aprueba presentar en la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley para delegar las competencias para celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña, son Turull, Rovira y Herrera los diputados encargados de venir a defender aquí aquello que fue rechazado por el Congreso. Y tampoco la aprobación de la ley de consultas populares, sobre la base de la cual se convocó la consulta del 9-N, con una participación de más de dos millones de personas, y con el conseller Francesc Homs, el presidente Mas, la consellera Ortega y la consellera Rigau condenados por desobediencia e inhabilitados. Ni tampoco la petición del referéndum acordado después de la aprobación de la cuestión de confianza a la que se sometió al presidente Puigdemont, nada ha funcionado nunca.»

Fragmento 16 de 22 de esta intervención.